La confianza comunitaria como infraestructura de crédito digital: desafíos relacionados con el cumplimiento de las normas sobre datos en el ecosistema de Nigeria

Esa misma red de confianza local genera tensiones en relación con el cumplimiento de las normas sobre datos. Los agentes comunitarios recopilan datos personales confidenciales en nombre de las empresas fintech, pero suelen operar con poca supervisión. En los mercados pequeños donde “todos se conocen”, un agente podría utilizar los datos de una persona para presionarla a pagar una deuda o compartirlos informalmente. Como señalan Molla y Biru (2023), el bien común de la confianza social puede volverse manipulador y coercitivo, en particular con respecto a los datos de los usuarios. En la práctica, las asimetrías de información y los incentivos contradictorios pueden dificultar la supervisión de los agentes: lo que para una persona puede ser una práctica habitual de contacto con el cliente (incluso el acoso digital), para los organismos reguladores puede ser una infracción de las normas de privacidad. Según Molla y Biru, estas situaciones “generan tensiones en el cumplimiento de las normas sobre datos de los usuarios”, lo que, de hecho, dificulta la capacidad de las empresas fintech para cumplir con las normas de seguridad y privacidad de Nigeria.

Esta tensión se desarrolla en un contexto de regulación estricta. Nigeria ha establecido nuevas normas rigurosas para los prestamistas en línea, que incluyen multas, derechos de licencia e incluso la exigencia de que las empresas entreguen los datos de los clientes a las autoridades cuando estas los soliciten. Al mismo tiempo, la Ley de Protección de Datos de Nigeria (Nigeria Data Protection Act, NDPA, 2023) exige que las empresas fintech obtengan el consentimiento informado, almacenen los datos de forma segura y notifiquen a las autoridades cualquier filtración de datos. El cumplimiento no es fácil: un informe de Ecofin señala que los costos relacionados con el cumplimiento legal y de TI han aumentado hasta alcanzar alrededor del 7 % de los presupuestos operativos, más del doble de la proporción registrada en 2022. En teoría, estas leyes protegen a los consumidores, pero en la práctica, su aplicación es desigual. Los expertos advierten que los marcos de Nigeria son sólidos solo sobre el papel: la deficiente aplicación y la falta de coordinación hacen que muchos usuarios sigan resolviendo las disputas de manera informal.³ Para las empresas fintech y sus financiadores, esta situación implica afrontar un difícil equilibrio: existen normas estrictas, pero si los agentes quedan sin supervisión, esas normas pueden resultar poco efectivas o contraproducentes.

La situación tiene implicaciones claras para la inclusión financiera. La confianza ya es un recurso escaso. Una encuesta de Wezel y Ree (2023), del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra que dos tercios de los nigerianos confían más en los bancos tradicionales que en los prestamistas fintech. Esta falta de confianza hace que muchas personas de bajos ingresos o que viven en zonas rurales sigan prefiriendo utilizar efectivo en lugar de aplicaciones de dinero móvil o de crédito. Si los agentes locales utilizan de forma indebida los datos personales o acosan a los prestatarios, la reacción negativa podría alejar aún más a las personas de los servicios financieros formales. Por el contrario, una red comunitaria bien gestionada podría hacer que el crédito digital fuera más seguro y atractivo. En las zonas desatendidas, incluso pequeñas vulneraciones de la privacidad pueden dañar la reputación de un prestamista de la noche a la mañana. Por lo tanto, cualquier iniciativa destinada a ampliar el acceso al crédito debe proteger la confianza de la que depende.

Desde una perspectiva conceptual, pueden retomarse las ideas de Elinor Ostrom sobre la gobernanza de los bienes comunes para abordar este problema. El marco de análisis y desarrollo institucional (Institutional Analysis and Development, IAD) de Ostrom (2009) propone considerar los datos de los consumidores y el crédito como una especie de ecosistema de recursos compartidos. En lugar de asumir que la solución debe imponerse desde arriba, se analizaría el campo de acción (las comunidades, las empresas fintech y los organismos reguladores) y las normas informales por las que se rigen. Por ejemplo, Ostrom señaló que, para que los bienes comunes funcionen correctamente, es fundamental “adaptar las normas que regulan su uso a las necesidades y condiciones locales”. Aplicado a este contexto, esto significa definir quiénes forman parte de cada comunidad de prestatarios e involucrarlos en la elaboración de las normas sobre el uso de los datos. ¿Quién decide si un líder del mercado puede digitalizar los registros de préstamos? ¿Cómo controlan los grupos comunitarios los posibles abusos?

Debemos reconocer que los datos son un recurso social creado conjuntamente por la acción comunitaria. Cada recordatorio de préstamo enviado por mensaje de texto o cada registro en una aplicación se produce mediante redes de personas. Como señala Singh (2019: 26), los flujos de datos personales son “recursos esencial y puramente sociales”, es decir, surgen de las interacciones continuas entre las personas. Esto implica que las soluciones también tendrán que ser sociales, por ejemplo, las cooperativas comunitarias podrían poner en común historiales crediticios anónimos para mejorar la puntuación, o los grupos de pares podrían establecer normas para compartir datos. En términos prácticos, los desarrolladores y los responsables de formular políticas podrían utilizar los principios de diseño de Ostrom: definir límites grupales claros, permitir que las comunidades locales participen en la revisión de las normas sobre datos, establecer sanciones graduales por el uso indebido y ofrecer mecanismos de resolución de reclamos de bajo costo.

Algunos proyectos piloto de tecnología financiera ya están adoptando este enfoque poco a poco. Por ejemplo, el primer entorno de pruebas regulatorio del CBN de Nigeria incluye proyectos en los que los grupos de ahorro administran colectivamente una aplicación de crédito. De manera más general, en el hemisferio sur, las personas llevan mucho tiempo combinando los servicios financieros con las normas sociales; por ejemplo, mediante grupos de ahorro rotatorio o fondos de crédito comunitarios. El paso novedoso consiste en incorporar formalmente esas normas en las plataformas digitales. El objetivo es cambiar el supuesto de partida: en lugar de que una empresa fintech simplemente utilice a la comunidad como canal de marketing, la propia comunidad se convierte en una infraestructura de confianza y gobernanza.

Replantear las comunidades de esta manera se ha denominado una alternativa al “capitalismo comunitario”. Desde la perspectiva convencional, una empresa de fintech podría integrarse en las redes locales sin dejar de priorizar la obtención de beneficios. En la visión emergente, las comunidades son cogobernantes fundamentales del sistema. Participan activamente en la definición de las normas y los mecanismos de confianza que rigen el otorgamiento de préstamos. Ese argumento apunta a los modelos cooperativos entre pares: crédito en el que los miembros gestionen los riesgos y las decisiones de forma conjunta, ecosistemas digitales regidos por las normas comunitarias y mecanismos de confianza para el uso de los datos basados en valores sociales compartidos, en lugar de depender únicamente de las comisiones. En términos prácticos, eso podría traducirse en comités comunitarios de crédito que supervisen a los agentes locales de préstamos, o en plataformas tecnológicas que muestren de forma transparente cómo se utilizan los datos de cada persona. Incluso podría implicar la distribución de beneficios o la participación accionaria de la comunidad en empresas fintech, de modo que los incentivos estén alineados con el bienestar colectivo.

Esto no es solo una cuestión teórica: en muchas partes del mundo ya se practican distintas versiones de este modelo. Los agentes de dinero móvil de África Oriental, las asociaciones rotativas de ahorro y crédito de Asia o los círculos de crédito de América Latina combinan las finanzas con mecanismos de supervisión social. En cada caso, la confianza surge de conocer a los demás prestatarios y de poder opinar en las normas. El caso de Nigeria demuestra por qué esto es importante para los datos: las finanzas digitales éticas exigen incorporar esas normas en el diseño. Para los diseñadores orientados a la tecnología y la justicia, la lección es que los controles de privacidad o las pantallas de consentimiento, por sí solos, no serán suficientes. El diseño responsable debe abordar el contexto social, por ejemplo, proporcionar estructuras de capacitación y rendición de cuentas a los agentes comunitarios, o permitir que los grupos establezcan normas de privacidad de forma colectiva.

En resumen, ampliar el crédito digital en las zonas rurales de Nigeria sin fortalecer la gobernanza de los datos podría resultar contraproducente. Sin embargo, al construir el “bien común” local, que incluya la confianza y la supervisión cooperativa, podemos convertir este desafío en una oportunidad. Las comunidades, consideradas durante mucho tiempo un obstáculo para crecer, pueden concebirse, en cambio, como el elemento fundamental de un sistema financiero inclusivo. Cuando las redes locales tienen la capacidad de definir y hacer cumplir las normas que rigen el otorgamiento de préstamos (quién puede solicitar un préstamo, cómo circulan los datos y cómo se gestionan los incumplimientos), las empresas fintech obtienen una base estable y las personas adquieren mayor confianza para participar. Este cambio tiene implicaciones mucho más allá de Nigeria: en cualquier mercado emergente en el que las finanzas formales y la regulación estén rezagadas, aprovechar la gobernanza comunitaria podría ser la clave tanto para proteger la privacidad como para ampliar el acceso.